Introducción

De 1808 a 1812, España enfrentó la guerra de independencia destinada a liberar al país del yugo francés napoleónico. La Constitución de Cádiz de 1812 sienta las bases de una nación donde se reafirma la soberanía del pueblo, sentando así las bases de un nuevo orden sociopolítico basado en la democracia monárquica. Sin embargo, las numerosas revueltas, guerras y otros golpes de Estado socavan este desarrollo democrático y hacen de España una nación caracterizada por frágiles bases políticas. De ahí, nos preguntamos: ¿en qué medida oscila(n) la(s) experiencia(s) democrática(s) española (s) entre éxito y fracaso en el siglo XIX? ¿Cuáles son los rasgos esenciales de los regímenes y políticos que gobernaron la nación española en la época decimonónica? La hipótesis que guía nuestro estudio es que, a lo largo del siglo XIX, España intentó ser una verdadera monarquía parlamentaria, pero en realidad no fue el caso. Nuestro objetivo consiste en presentar los fallos que debilitaron o impidieron la construcción de la nación democrática durante la época decimonónica. Con motivo de llevar a cabo nuestra meta, nos centramos en el método histórico que “permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales” (M. Dzul Escamilla, 2010, p. 2). Al dividir nuestro trabajo en tres partes, será posible, primero, presentar la situación sociopolítica española durante la primera mitad del siglo. Segundo, reflexionaremos sobre las acciones de los gobiernos moderados a la Revolución de 1868. Por fin, hablaremos de la caída de Amadeo a la instauración del sistema canovista.

1. Situación sociopolítica durante la primera mitad del siglo

El siglo XIX español estuvo marcado por la difícil instauración de una monarquía liberal, especialmente entre 1833 y 1856, con la revolución liberal de 1833-1843 y el papel de la primera guerra carlista que tuvo lugar de 1833 a 1840. Esta guerra se caracterizó por el enfrentamiento de dos movimientos opuestos: por un lado, los carlistas, cuyo lema era «Dios, Patria, Fueros y Rey» y, por otro lado, los «isabelinos» (J. P. Recio Cuesta, 2016, pp. 13-42). Esta rama estaba encabezada por Carlos María Isidro, que se consideraba el único rey legítimo de España; un auténtico defensor del absolutismo y del Antiguo Régimen [1]. Frente a este grupo estaban los partidarios de Isabel, entre ellos la regente María Cristina y su entorno, los funcionarios reformistas, la burguesía y los trabajadores urbanos que esperaban una evolución liberal. El conflicto pasó por varias etapas. En primer lugar, de 1833 a 1835, la guerra se instaló en el norte. Las zonas en manos de los carlistas eran principalmente el País Vasco y Navarra, parte del prepirineo catalán. Carlos gobernó en Navarra con el nombre de Carlos V, sobre todo porque hubo varios éxitos carlistas como en Tolosa, Durango y Vergara, pero también algunos fracasos como frente a la ciudad de Bilbao.

Sin embargo, de 1835 a 1837, se abrieron nuevos frentes y el bando de Isabel se fortaleció. De hecho, Cabrera unió los centros carlistas del Bajo Aragón, el Maestrazgo y el norte del País Valenciano. Hubo las expediciones militares carlistas de Gómez a finales de junio de 1836 y de Carlos V (1837), que no lograron conquistar la ciudad de Madrid. Los éxitos de los partidarios de Isabel, ayudados por las potencias extranjeras de Inglaterra, Francia y Portugal, fueron deslumbrantes. Por ejemplo, el general Espartero ganó la batalla de Luchana en 1836. A partir de entonces, de 1838 a 1840, el movimiento carlista se derrumba con la firma de la Paz de Vergara en 1839 entre Maroto y Espartero (C. Rubio Pobes, 2003, pp. 205-226). Este acuerdo, que puso fin a la guerra carlista, mantuvo el respeto a los fueros vascos y navarros y reclasificó a los carlistas en el ejército. Carlos V se exilió y Cabrera fue derrotado en 1840.

Pero la defección de Maroto debilitó de tal manera al ejercito de Don Carlos que, convencido de la inutilidad de enfrentarse a Espartero, pasó a Francia a mediados del mes de septiembre. La guerra continuó en Cataluña y en Levante hasta 1840, cuando la presión ejercida por el Duque de la Victoria obligo a Cabrera a retirarse con sus voluntarios al país vecino (J. Ignacio Del Burgo, 2011, p. 177).

Los liberales llegaron así al poder y su paso al frente del Estado español estuvo marcado por varias etapas entre 1833 y 1843. En primer lugar, observamos el establecimiento de varios gobiernos de transición entre 1833 y 1836. En general, se trataban de Consejos de Gobierno formado para apoyar a la regente María Cristina, presididos por Cea Bermúdez, que era, paradójicamente, un absolutista reformista que promovía una tercera vía entre el carlismo y el liberalismo. Puso en marcha algunas reformas como la división de España en 49 provincias, el compromiso político entre absolutismo y liberalismo, la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, el bicameralismo y el sufragio censitario (M. Rodríguez Alonso, 1991, pp. 417-430).

A pesar de estas reformas, observamos que siguieron existiendo divisiones entre los moderados y los progresistas. Esto creó naturalmente un clima revolucionario en varias ciudades. De hecho, no se podía descartar la amenaza carlista, especialmente con los disturbios anticlericales de 1834 en Madrid con la matanza de frailes en “una orgía de sangre y de venganza” (J. S. Pérez Garzón, 1997, p. 82). Sin embargo, la difusión de ideas progresistas, incluso revolucionarias, se logró gracias al retorno de ciertas libertades de prensa y de reunión (I. Fernández Sarasola, 2006, pp. 1-28); la persistencia de las reivindicaciones sociopolíticas que culminaban en las revueltas urbanas del verano de 1835. En aquel momento, el regente eligió a Mendizábal para poner fin a la agitación social. Pero la oposición de la corte y de los moderados a Mendizábal provocó su destitución y una segunda crisis en 1836 debido a un nuevo levantamiento urbano a través de la revuelta de La Granja, obligando al regente a ceder. Se convocaron las Cortes Constituyentes y se pone al político Calatrava a la cabeza del gobierno español. A partir de entonces, se reafirmó el protagonismo de la Constitución de Cádiz de 1812 y se buscó un acuerdo entre los partidos moderados y progresistas con el apoyo de las potencias internacionales. En efecto,

La experiencia revolucionaria del bienio 1835-36 fue fundamental para delimitar los objetivos de los dos partidos políticos claramente definidos y estructurados, el progresista y el moderado. Tras el motín de la Granja en 1836 se proclama por última vez la Constitución de 1812 y el texto constitucional se utiliza como eje programático central del movimiento insurreccional. Las presiones internacionales de Francia e Inglaterra sobre el gobierno Calatrava llevaron a ambos partidos políticos a un pacto transaccional que gravitó sobre la Constitución de 1837, nuevo código que recoge postulados progresistas y moderados (A. Moliner Prada, 2012).

El Antiguo Régimen se fue desmantelando y se creó en España una monarquía liberal, constitucional y parlamentaria sobre el modelo inglés (A. Colomer Viadel, 1977, pp. 101-120). Esta nueva España se ve a través de la reforma agraria materializada por el régimen señorial y la abolición de los mayorazgos y la desamortización[2]. La liberalización económica condujo a la libertad de precios, a un relativo auge de la industria y el comercio, a la introducción de aranceles aduaneros nacionales y a la supresión del pago de los diezmos. Otras leyes liberales vieron la luz con la derogación de la censura, la ampliación del censo y la nueva Constitución de 1837, que reafirmaba la soberanía nacional, el respeto a los derechos y libertades, la separación de poderes y la neutralidad del Estado. Sin embargo, este nuevo código legal reforzó el bicameralismo y un ejecutivo fuerte. Con el regreso de los moderados al poder, entre 1837 y 1840, se produjo un proceso de anulación de ciertas reformas progresistas. De hecho, hubo un régimen electoral más restrictivo, así como cierta limitación de la libertad de prensa y el restablecimiento de los diezmos. También se produjo la Ley de Administración Municipal de 1840, con el nombramiento de alcaldes en las capitales de provincia, que provocó una ola de protestas populares, como en Barcelona. Ante la nueva crisis surgida, el regente nombró a Espartero cuyo “único fin de sus acciones era proteger la Constitución de 1837” (A. Cañas de Pablos, 2015, p. 71) como jefe del gobierno.

Ante el exilio de María Cristina, el general Espartero, un militar progresista, fue nombrado regente en 1841. Pero la deriva autoritaria que le animaba fue la causa de la caída de Espartero, ya que se había separado de los progresistas y tenía malas relaciones con las Cortes. No pudo oponerse a las múltiples revueltas urbanas que sacudieron España a partir de mayo de 1843 y a los pronunciamientos realizados por la nueva generación de oficiales liderados por Narváez, O’Donnel, Prim y Serrano (F. Álvarez Balbuena, 2008). Como consecuencia, Espartero se exilió y se proclamó reina a Isabel II, lo que permitió la aparición de la llamada década moderada de 1844 a 1854. Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, que formaron un nuevo gobierno presidido por Narváez, que quería fundar un estado liberal. Pero frente a las tentaciones revolucionarias de una franja política, Narváez se vio abocado a defender principios como el orden, la propiedad privada y la autoridad del Estado. Pero al mismo tiempo, promulgó leyes que limitaban las libertades individuales, reforzaban el estado confesional y reconocían la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona.

Sin embargo, el régimen de Narváez se enfrentará a una crisis del sistema moderado. Surgieron muchos factores de impopularidad creciente. En primer lugar, hubo una gran inestabilidad a nivel político con la formación de diez gobiernos desde 1844 hasta 1851. En segundo lugar, con el regreso del exilio de María Cristina en 1848 estallaron numerosos escándalos de corrupción en los círculos dirigentes. Sucediendo a Narváez como jefe de gobierno en 1851, Bravo Murillo no pudo llevar a cabo su misión de crear una dictadura tecnocrática bajo una actitud calificada de “disfraz constitucional” (F. Martínez Martínez, 2017, pp. 223-234). La fuerte oposición parlamentaria a su política provocó su caída, que evidenció una fractura entre los moderados: en junio-julio de 1854, O’Donnel, líder de los progresistas y demócratas españoles[3], lanzó el pronunciamiento de Vicálvaro. Contó con el apoyo de Cánovas del Castillo que redactó el Manifiesto de Manzanares, texto político que es una vuelta a la constitución de 1845 y el deseo de ver la regeneración de España (M. Reder Gadow, 2010, pp. 189-215). Entre 1856 y 1868 se establecieron gobiernos de unidad nacional, pero no impidieron la revolución de 1869, que abrió una nueva página en la historia de España.

2. Del gobierno de los moderados a la Revolución de 1868

La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por un contexto sociopolítico difícil y conflictivo. Había un verdadero malestar obrero debido a las crisis y a un capitalismo sin marco legal. Esto explica las numerosas huelgas y revueltas como la de Cataluña en 1855. Aparecieron nuevas reivindicaciones obreras, como el derecho de asociación sindical y la limitación de la jornada laboral legal.  El Estado trató de frenar las protestas de los trabajadores promulgando la Ley del Trabajo de 1857, que autorizaba la creación de asociaciones de trabajadores.

Pero, cabe señalar que la monarquía parlamentaria española conoció de nuevo una crisis entre 1856 y 1868, a pesar de los esfuerzos por hacer de España una nación verdaderamente democrática. Ciertamente, los gobiernos unionistas de 1856 a 1863 estabilizaron en cierta medida la situación nacional con O’Donnel como jefe de gobierno. Como buen estratega, encontró un nuevo equilibrio entre la Corona y el Parlamento evitando la disolución de las Cortes y promoviendo el retorno del debate parlamentario. En el frente exterior, O’Donnel destacó la política de prestigio internacional de España. Pero con el paso del tiempo, el bloque unionista se dividió en clanes rivales. O’Donnel dimite en 1863. De 1863 a 1868, se produjo el derrumbe del régimen moderado con, desde el principio, el retorno del autoritarismo con Narváez, que no sólo ejerció el poder al margen de la vida parlamentaria, sino que reprimió toda oposición, como la revuelta estudiantil de 1865 en Madrid, que se saldó con 9 muertos y un centenar de heridos; o la sublevación de los sargentos de San Gil, que fue castigada con 66 ejecuciones (J. Fontana, 2007, p. 327).

España se vio realmente afectada por un aumento de la oposición en un contexto de crisis. Los demócratas se opusieron a los republicanos, hubo un clima de insurrección, con el boicot de las elecciones de 1865-1866. En 1867, la firma del Pacto de Ostende entre los demócratas y los progresistas preveía la destitución de Isabel II y la elección de los diputados a las Cortes por sufragio universal. En 1866, una triple crisis económica no perdonó al país. En el plano financiero, destacan la caída de las inversiones ferroviarias en bolsa, la crisis de los bancos y la congelación del crédito. A nivel industrial, la escasez de algodón debida a la Guerra de Secesión estadounidense provocó un aumento del precio de las importaciones, que afectó tanto al textil catalán como otros sectores de la economía española y mundial (L. R. Fernández Tabío, 2016, pp. 1-14). En el frente agrícola, las malas cosechas y el aumento de los precios de los alimentos están perjudicando a la población rural. Todo ello está provocando, entre otras cosas, el aumento del desempleo urbano, el descenso del nivel de vida y un clima de tensión social.

El pronunciamiento militar del 19 de septiembre de 1868 se inició con el levantamiento de la escuadra de Topete en Cádiz. Los generales Prim y Serrano se unieron a la insurrección. Llegaron a las ciudades de Cádiz, Málaga, Almería y Cartagena y lanzaron el manifiesto “España con honra”. Defendían un régimen de transición, las libertades y la elección de los diputados a las Cortes por sufragio universal masculino. Muchas ciudades donde se formaron juntas locales se sublevaron y exigieron libertades, soberanía popular, cortes constituyentes, o la República, la separación de la iglesia y el estado y la abolición del sistema de quintas (M. Berges i Geral, 2017, pp. 253-271).

Isabel se exilia y se forma un gobierno provisional, compuesto por progresistas y unionistas, presidido por Prim y con Serrano como regente. En enero de 1869 se establece la victoria de la coalición gubernamental, con los unionistas, progresistas y algunos demócratas, a favor de una monarquía parlamentaria y democrática. La Constitución democrática de 1869 garantiza los derechos y libertades, la libertad religiosa, pero con el mantenimiento del culto, la soberanía nacional con el sufragio universal y el régimen parlamentario mediante las Cortes bicamerales. El poder del rey se debilita porque queda relegado al rango de mero árbitro. La prioridad de la regencia era, pues, encontrar un rey, pero varias dificultades obstaculizaron la elección de esta personalidad. La deuda pública, agravada por la crisis ferroviaria, la presencia de los carlistas y las numerosas candidaturas hicieron que el nuevo régimen fuera frágil. Como solución a los problemas económicos y para estabilizar la situación financiera del país, las autoridades españolas introdujeron una nueva moneda, la peseta, un impuesto personal y directo que sustituyó al impuesto sobre el consumo. Los nuevos gobernantes también abrieron el mercado español con la Ley de Minas (1871) que permitía la inversión extranjera y la Ley de Libre Comercio (1869).

Así, hay un nuevo panorama político y económico en España. La derecha opositora, es decir, los partidarios del carlismo, participó en la vida parlamentaria y en las elecciones, pero su influencia se limitó al País Vasco, Navarra y otras zonas ex carlistas como Cataluña y Levante. Los moderados, o isabelinos, trabajaron por el regreso de Isabel II al trono. Cánovas del Castillo era el líder de la burguesía rural latifundista que la apoyaba. El centro monárquico-demócrata está formado por los unionistas de Ríos Rosas, los progresistas Prim, Sagasta y Ruiz Zorilla. Su programa de actuación se basaba en una España puramente monárquica, en la soberanía nacional del país y en el respeto a las libertades. Tampoco se puede descartar la influencia de la burguesía financiera e industrial, de las clases medias urbanas y de las profesiones liberales y de una parte importante del ejército.

Frente a la derecha opositora, surge la izquierda republicana. Está formado por el Partido Republicano Federal, que nació de la escisión en 1869 del Partido Demócrata. Su programa de acción se centra en la promoción de una república federal a través de pactos entre regiones; la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, el laicismo debe ser una realidad en España. Además, este partido rechaza cualquier intervención del ejército en la vida pública y aboga por la transformación social a través del intervencionismo estatal. Pero todos reconocen la personan sagrada del rey como lo estipula la Constitución de 1869:

El liberalismo-doctrinario declaró que la persona del rey era sagrada e inviolable, no sujeta a responsabilidades. Los ministros eran los responsables (art. 42, Const. 45), de ahí que todo lo que dispusiese el rey “ en el ejercicio de su autoridad » necesitara el refrendo ministerial (art. 64). En la Corona residía el poder ejecutivo y, además, el Rey era copartícipe de la potestad legislativa, que ejercía a través de la iniciativa de la ley, la sanción de las leyes y la capacidad de veto absoluto e ilimitado (art. 35, 38 y 44). A esto había que añadir que, siendo las Cortes bicamerales, estaban compuestas por un Congreso de Diputados cuyos miembros eran elegidos por cinco años y un Senado vitalicio, para el cual la Corona tenía reconocida la prerrogativa de nombrar senadores en número ilimitado (art. 14) (I. M. Pascual Sastre, 2020).

Ante el poder real otorgado por la Constitución de 1869, surgen fuerzas contrarias. Es el caso de la izquierda republicana en que se encuentran otras tendencias políticas. Son los benévolos o partidarios mayoritarios del federalismo “de arriba abajo”, liderados por Pi y Margall. Los izquierdistas intransigentes son los partidarios del federalismo “ascendente”, liderados por Orense. También están los republicanos unitarios liderados por Castelar que son conservadores y centralistas. Estos diferentes partidos que se enfrentaron en la arena política llevarían al ascenso de Amadeo al poder en 1871, a su caída y a la redacción de una nueva constitución, la de 1876.

3. De la caída de Amadeo a la instauración del sistema canovista

El general Prim defendió la candidatura de Amadeo de Saboya, personalidad aceptada por las demás potencias europeas. Amadeo hizo gala de sus convicciones democráticas. Fue elegido rey por las Cortes en noviembre de 1870 y llegó a España el 30 de diciembre del mismo año. A pesar del asesinato de Prim, Amadeo juró la Constitución ante las Cortes, que fueron disueltas en 1870 (M. C. Bolaños Mejías, 1997).

El rey se benefició del estrecho apoyo de demócratas, progresistas y unionistas agrupados en dos tendencias, los radicales y los constitucionales. Sin embargo, se enfrentó a una oposición polifacética formada por la corte, los moderados, los republicanos, los carlistas, una parte del ejército y un amplio sector del pueblo. Por eso, debido a la acumulación de dificultades de todo tipo, el reinado de Amadeo está cada vez más comprometido. En términos económicos, Amadeo recurrió a la deuda pública. Políticamente, los moderados, liderados esta vez por Cánovas del Castillo, se prepararon para la restauración, querían instalar al pretendiente al trono, Alfonso, y unieron a los descontentos, que eran los disidentes unionistas/progresistas, el clero católico y la burguesía financiera, hostil a ciertas reformas. Además, el levantamiento carlista de 1872 en el País Vasco, Navarra y parte de Cataluña supuso el fracaso de Amadeo de Saboya. Ese mismo año, nuevos levantamientos federalistas fueron rápidamente reprimidos. En Cuba, todavía colonia española, el régimen de Amadeo se enfrenta a una insurrección iniciada en 1868. A partir de 1872, el colapso del gobierno de coalición fue inevitable. Hubo una gran inestabilidad al formarse seis gobiernos en dos años, tras tres elecciones legislativas. También hubo un bloqueo de las instituciones con elecciones boicoteadas por la oposición política. El 11 de febrero de 1873, Amedeo renunció al trono y salió de España.

La proclamación de la República el 11 de febrero de 1873 se hizo ante las Cortes monárquicas, que proclamaron la República. Figueras, un notorio republicano federalista, fue nombrado jefe del poder ejecutivo y formó gobierno. Pero se trataba de un consenso engañoso: Figueras apoyaba el proyecto monárquico que pretendía organizar el regreso de los Borbones al poder. En junio de 1873, Pi y Margall se hace cargo del gobierno. Quería una constitución federal, la separación de la Iglesia y el Estado, la independencia de las colonias, leyes sociales y un ejército disciplinado. Se tomaron algunas medidas, como la abolición de la esclavitud en las colonias, la supresión de las quintas, que fueron sustituidas por el servicio voluntario, el proyecto de constitución, que nunca se aprobó, y la vuelta a los derechos y libertades de 1869. Además, España se dotó de una estructura federal con 17 estados regionales autónomos. Pero los factores provocarían el fracaso de la República democrática y federal. Los Borbones se prepararon para volver al poder a partir de 1874 apoyados por Antonio Cánovas del Castillo como figura cumbre de esta estrategia política (J. Tusell Gómez, 1997, pp. 50-55).

Cánovas puso en marcha el sistema de Restauración. El proyecto de Cánovas del Castillo, regente hasta 1875, pretendía contrarrestar los excesos de Isabel, como el exclusivismo moderado y el intervencionismo militar en los asuntos políticos. El nuevo modelo de monarquía liberal y constitucional aseguró la estabilidad política, con el Manifiesto de Sandhurst. En realidad, del proyecto Cánovas surgen dos prioridades: la nueva constitución y la pacificación por el fin de las guerras carlistas y la de Cuba. La base del nuevo sistema sigue siendo la constitución de 1876, redactada por Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal.

La aplicación de las ideas canovistas pone en marcha una monarquía inamovible y un poder real fuerte con derecho de veto, pudiendo disolver las Cortes, o incluso nombrar ministros. Las Cortes son bicamerales con el Congreso de los Diputados elegido por sufragio censal en 1878 y el Senado medio designado por la Corona e inamovible. El catolicismo sigue siendo la religión del estado, incluso si se requiere tolerancia de otros cultos. El sistema dinástico bipartidista y la alternancia del poder es otra realidad del sistema canovista. Se centra en la alternancia de poder entre las dos familias liberales que los conservadores y los progresistas. El objetivo de este juego de alternancia denominado “turno pacífico” es evitar la violencia política y la intervención del ejército ahora subordinado al poder político en el poder a través de sus misiones delimitadas por la Real Ordenanza de 1875. Cánovas logró pacificar el país con el fin del levantamiento carlista. A nivel de Cuba, también fue el final de la Guerra de los Diez Años con la Paz del Zanjón firmada en 1878. Cánovas puso en marcha medidas de apaciguamiento como las leyes de amnistía, la abolición de la esclavitud que entró en vigencia en 1888 y la promesa de reformas que no realizó.

El sistema canovista se basaba en el uso de todos los instrumentos de fraude electoral. El clientelismo opera con el apoyo de las autoridades a través del caciquismo. Cánovas, líder de los Conservadores, y Sagasta, líder del Partido Liberal, a través del Pacto de Pardo, trabajaban para estabilizar el trono bajo la regencia de Marie-Christine de Habsburg. De 1885 a 1890, se produjo el reformismo de Sagasta que fueelegido jefe de gobierno. Aprobó la ley de asociación de 1887, la abolición definitiva de la esclavitud en 1888), la votación del Código Civil de 1889, el recurso al sufragio universal votado en 1890.

El período 1890-1898 estuvo marcado por el regreso de la alternancia, aunque el asesinato de Cánovas en 1897 y las primeras divisiones del Partido Liberal de Sagasta demostraron que el escenario político en la España decimonónica no estaba completamente pacificado. Estuvieron excluidos del sistema canovista que promovió la relación estrecha entre la Iglesia y el Estado, a diferencia de muchos pensadores de su época o no:

Para Cánovas el Estado nada tiene que ver con las ideas, pretensiones y aspiraciones con que los pensadores ilustrados habían concebido el mismo. Cánovas rechaza la idea que del Estado tienen Spinoza y Hegel y, bajo la acusación de que el panteísmo que ambos defendían estaba generalizado en las formulaciones sobre el Estado en el s. xix, plantea la siguiente disyuntiva: o se acepta que el Estado es fruto de un pacto humano, de un contrato social, o se mantiene la vieja idea medieval, en última instancia agustiniana, de que es un instrumento de designios superiores. Su sistema le obliga a optar por la segunda alternativa, y serán acusados de panteístas todos los pensadores que, eliminando del planteamiento del problema la idea divina, la sustituyen por un convencionalismo racional: el leviatán hobbessiano, lockeano roussoniano o ilustrado (9). En el pensamiento de todos ellos, dice Cánovas, el Estado cumple las veces de Dios en cuanto a la unidad del principio de autoridad (J. M. Osés Gorraiz, 1999, p. 189).

En 1898, España pierde sus dos últimas colonias en América, Puerto Rico y Filipinas con la firma de la Paz de París el 10 de diciembre de 1898. Asimismo, el auge de los regionalismos y nacionalismos, la industrialización del país, la burguesía industrial y comercial que quiere participar en el poder y proteger sus intereses son desafíos que enfrenta el sistema canovista.

Conclusión

La primera mitad del siglo estuvo marcado por la difícil instauración de una monarquía liberal. De los gobiernos de los moderados a la caída de Amadeo de Saboya, España se presentó como un país cuyos hijos siguieron combatiéndose para adquirir el poder. Para entender el nuevo campo político que surgió en España el 29 de septiembre de 1874, la Restauración de la Monarquía borbónica a través del rey Alfonso XII, debemos remontarnos a la revolución liberal de 1868. Ese año, la “Coalición de Septiembre ” formada por sindicalistas, progresistas y demócratas, destrona a Isabel II y pone fin a la oligarquía constitucional. Es importante entender que una vez restaurada la monarquía y frenados los intentos revolucionarios, Cánovas puso en marcha los resortes que consolidarían y ayudarían a perpetuar el nuevo statu quo, y en diciembre de 1875 convocó elecciones. Mantuvo el sufragio universal aprobado por la reforma de 1870, pero inició una forma sutil de manipulación electoral. Al adoptar la brillante idea del “Turno pacífico”, el político conservador Cánovas pretendía evitar el exclusivismo del sistema isabelino, aunque en realidad no era así. Basándose en el sistema inglés, Cánovas crea artificialmente dos partidos (Liberal y Liberal-Conservador) que, mediante pactos preestablecidos, se reparten el poder durante cinco años mientras manipulan las elecciones. Cánovas mantiene así una falsa democracia con múltiples abusos que provocara la caída del imperio español.

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TUSELL GÓMEZ Javier (1997). “Cánovas y la Restauración”. Claves de razón práctica, n° 76, 50-55.

[1] El carlismo es apoyado por la Iglesia Católica, los defensores de la sociedad de órdenes y los fueros. A ellos se suma una heterogeneidad popular formada por clérigos, nobles, campesinos y artesanos pobres que temen los efectos de la reforma agraria impulsada por los liberales o aplastada por los impuestos.

[2] La desamortización consistió en sacar a subasta pública las tierras e inmuebles improductivos en poder de los “mainmortes”, en la gran mayoría de los casos la Iglesia católica o las órdenes religiosas, que los habían acumulado a través de numerosos legados o donaciones, así como los bienes raíces pertenecientes a la nobleza. El objetivo era aumentar la riqueza nacional y crear una burguesía y una clase media de propietarios obreros. Además, el erario público obtuvo ingresos muy importantes, gracias a los cuales pretendió condonar la deuda pública. La desamortización se convirtió en la principal arma política con la que los liberales atacaron el régimen de propiedad del Antiguo Régimen para establecer el nuevo Estado burgués en la primera mitad del siglo XIX.

[3] O’Donnel y sus seguidores optan por un parlamentarismo genuino, sin camarilla. Las medidas liberales que promueven son la abolición de la ley electoral, el reconocimiento de las libertades locales, el restablecimiento de la milicia nacional. Sin embargo, conviene recordar que existe el bienio progresivo de 1854 a 1856, consecuencia de la revuelta de 1854. Espartero se convierte en Primer Ministro; El ministro de Guerra O’Donnel forma la Unión Liberal de los Puritanos y la Derecha Progresista. Este período está marcado por la progresiva victoria en el Congreso de los Diputados y unos pocos demócratas electos. En materia de reformas, notamos el regreso de la Milicia Nacional y el restablecimiento de la ley municipal sobre elección de alcaldes. También está la preparación de una constitución nunca implementada pero más liberal. En el plano económico, el ministro Madoz inicia la depreciación, se realizan inversiones en ferrocarriles, reforestación y otras infraestructuras, sin olvidar la búsqueda de capital por la compra de acciones en empresas o ventajas fiscales y económicas otorgadas a extranjeros.